¿Carecemos de un plan económico y financiero nacional, así como de estrategias negociadoras?
Por: Ana Elena Porras
Los medios de información masiva nos vienen informando dese hace algunos años sobre los obstáculos que debía vencer Panamá para la firma del TPC (Tratado de Promoción Comercial), ratificado por la Asamblea Nacional de Panamá, desde 2007, el cual se espera será ratificado próximamente por el Congreso de los Estados Unidos.
Entre los obstáculos para esta ratificación se mencionaron, sucesivamente, a Pedro Miguel González en la Presidencia de la Asamblea , los regímenes laborales especiales y el secreto bancario. El primero se superó por obsolescencia y los dos siguientes, han sido resueltos por el presente Gobierno, sin que los panameños tuviéramos acceso a la información sobre la estrategia panameña de negociación, sus metas y agenda.
Para sustentar esta opinión, me concentraré especialmente en el último obstáculo “superado” tras el recién aprobado Acuerdo de Intercambio de Información Fiscal en la Asamblea Nacional de Panamá, por tratarse del más importante tema de este tratado comercial, para ambas partes.
Panamá entregó el centro financiero sin nada a cambio. En efecto, el secreto bancario lo entregó el gobierno de Panamá, sin pelearlo ni exigirle a Estados Unidos reciprocidad. Es decir, que el TPC sólo exige a Panamá eliminar el secreto bancario, sin exigir igual principio a los centros bancarios financieros de los Estados Unidos de América. Cuando bien pudimos adoptar la estrategia de Suiza, por ejemplo, que sólo levanta el secreto bancario cuando existe un proceso penal, debidamente sustentado y documentado, contra uno de sus clientes.
¿Cuál fue la participación y propuesta económica y financiera de Panamá? ¿Cómo las negoció? El Ministro de Comercio e Industrias afirmó que la entrada en vigencia del referido acuerdo comercial potenciará los 349 millones de dólares que Panamá exporta anualmente al mercado estadounidense. Esta apuesta señala que, con el TPC, Panamá podrá mejorar sus exportaciones agropecuarias, conjuntamente con las inversiones, insumos y transacciones comerciales del sector, entre las dos naciones. El balance sugiere que entregamos el sector financiero de Panamá, ya exitoso y sustentable desde hace 40 años, por ingresos al Estado que exceden en mucho los de exportación agropecuaria, a cambio de la promesa incierta de que nuestra incipiente y poco competitiva economía agraria incremente su productividad. Para quienes sabemos sumar y restar el balance sigue siendo negativo para Panamá.
Entiendo que el Presidente y el Vicepresidente de Panamá deseen promover el sector agropecuario, en el que ambos son empresarios importantes. No obstante, como líderes del gobierno central, tienen la obligación constitucional de velar por los intereses del Estado, por encima de sus intereses personales. Por otra parte ¿qué pasó con el Ministro de Economía y Finanzas? Su desempeño profesional lo destaca, entre los representantes más exitosos del sector financiero de Panamá. ¿Cuál fue su participación? ¿En qué consiste su plan nacional para este sector? Los panameños que conocemos al Ministro Alberto Vallarino, desde nuestras mocedades respectivas, esperamos de él una brillante participación, además patriótica, en beneficio de los intereses del Estado de Panamá. Sin embargo, no ha dado a conocer todavía su pensamiento en esta materia tan importante, en momentos en que se plantea un orgulloso crecimiento económico nacional, con difíciles desafíos respecto a la exclusión de los panameños pobres, el potencial recalentamiento inflacionario y una consecuente explosión social.
Resultaría tristemente irónico que el legado a la nación, de tan brillante panameño, se reduzca a la Torre Financiera , ese proyecto millonario, que dizque no le costará ni un centavo al Estado (peligrosas declaraciones que hacen crecer la nariz de su mentor), un monumento que, como un obelisco faraónico, se convertirá en símbolo panameño del modelo económico neoliberal, en la versión criolla más salvaje y excluyente, que traiciona sus postulados originarios de “libertad, igualdad y fraternidad”. Un edificio consumidor de altísimos niveles de energías contaminantes, depredador de los espacios públicos y del patrimonio histórico nacional, borrando la memoria histórica de nuestra ciudad, mientras elimina cualquier criterio de planificación urbanística de excelencia.